La larga marcha

Posted on marzo 5, 2008 por

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Por: Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)
El próximo día 6 de marzo se realizará una marcha internacional para honrar a las víctimas del terrorismo de estado y abogar por la salida negociada del conflicto armado en Colombia.

El gobierno condena el evento y acusa a sus organizadores de ser instrumentos de la guerrilla, a pesar de las múltiples adhesiones de personas y agrupaciones ajenas por completo a la insurgencia. Los medios de comunicación (propiedad de grandes monopolios nacionales e internacionales) han pasado de una cierta indiferencia inicial a subrayar que la marcha se limita a condenar a los paramilitares, excluyendo intencionadamente al Estado de toda responsabilidad. En línea con la versión oficial de siempre, el conflicto se presenta como el enfrentamiento entre el estado y la sociedad, de una parte, y las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico, de otra.

La violencia aparece así como una especie de tumor, de cuerpo extraño a la sociedad y al Estado, ambos tan solo víctimas de estos malos colombianos. El terrorismo gubernamental, cuando resulta imposible de ocultar, se presenta como un accidente infortunado, como una excepción, como algo ajeno a la institucionalidad por el que sus autores habrán de asumir la responsabilidad individual que les quepa.

Pero la peregrina teoría de la “manzana podrida y el cesto impoluto” ya no se sostiene. Las cifras escalofriantes de asesinatos, secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y demás formas de la violencia en el país, cuando no son responsabilidad directa de funcionarios del Estado (soldados, policías y otros agentes) se deben a la acción de grupos paramilitares que han sido, en unos casos creados directamente por iniciativa gubernamental, en otros, tolerados y hasta justificados como un mal menor, de suerte que éste y los anteriores gobiernos no pueden eludir su responsabilidad por acción u omisión. Más que un hecho tangencial se trata de terrorismo de Estado, ejecutado de forma directa o por mano interpuesta (los “paras”). Tampoco representa una elaboración puramente criolla, pues El Pentágono y otras agencias extranjeras (israelíes, en particular) han venido participando activamente en su diseño y ejecución. El terrorismo de Estado en Colombia es una estrategia contrainsurgente que cuenta con el respaldo de Washington y la complicidad de la Unión Europea.

Obviamente detrás del gobierno se mueven los intereses de la clase dominante del país. Cuando se marche contra el terrorismo estatal se marcha igualmente contra una política de amplio apoyo entre finqueros, comerciantes y gamonales, politiqueros de provincia, grandes multinacionales, destacados empresarios y no pocos sectores de las “clases medias”. Que en Colombia exista hoy un sector social nada desdeñable que apoya sin tapujos la violación masiva de derechos humanos como instrumento idóneo para combatir a las guerrillas no solo no resta sino que acrecienta la responsabilidad política y jurídica de éste y anteriores gobiernos.

La cadena de responsabilidades por el terrorismo de Estado empieza entonces en los elegantes clubes del gran empresariado, se convierte luego en política oficial y alcanza su forma más espuria en el paramilitarismo y el narcotráfico (inseparablemente unidos desde el principio). Ahora bien, considerado desde una perspectiva más amplia, el terrorismo de Estado constituye un elemento clave del engranaje estratégico de los Estados Unidos y sus aliados europeos, en aplicación de las políticas de “guerra al terrorismo”. Sin exculpar entonces a los ejecutores materiales (“paras”, militares, policías, etc.) es indispensable, para ser justos, señalar a los verdaderos responsables del engendro y a sus mayores beneficiarios nacionales y extranjeros. Como suele ocurrir con cualquier crimen los autores intelectuales son siempre mucho más culpables que quienes solo actúan como instrumentos.

La marcha del jueves 6 de marzo será pues un acto de público reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado, de solidaridad con sus familiares (esas víctimas silenciosas de las que apenas se habla y para las que no hay compensaciones ni morales ni materiales). Será al mismo tiempo un acto de repudio a una política criminal que deslegitima al Estado colombiano y pone en tela de juicio el sistema social mismo. No es posible reducir el fenómeno paramilitar y el mismo terrorismo de Estado a sus manifestaciones más grotescas y evidentes sin preguntarse primero quién fomenta el terror y quién se beneficia del mismo.

Aunque el objetivo sea rendir un homenaje a las víctimas, la marcha tendría que rendir también un homenaje sentido a quienes luchan por alcanzar el fin pacífico del conflicto, empezando por el intercambio humanitario: la Senadora liberal Piedad Córdoba, en primer lugar, pero con ella también las miles de personas anónimas que se exponen a diario a la furia del fascismo criollo cuando convocan a la sensatez, a la promoción de la paz y abogan por el desmantelamiento del terrorismo de estado. Colombia necesita un sistema político diferente, sin exclusiones ni violencia, de tal manera que la ciudadanía pueda realmente expresar sus reivindicaciones sin temor a la amenaza o al asesinato impune. El país necesita que las elecciones conciten de verdad la participación de la ciudadanía para no sustentar la legitimidad de los gobiernos en votaciones raquíticas y sometidas al miedo, lastradas por una abstención abrumadora y manchadas por unos políticos que en proporción tan vergonzosa tienen que desfilar ante los tribunales porque los votos que les han elegido están invalidados por el terror paramilitar o los dineros criminales del narcotráfico (los llamados parapolíticos). Sobre todo si esos políticos son en su inmensa mayoría los apoyos electorales del presidente de la república. Tampoco aquí vale la eterna excusa de las “manzanas podridas”.

Los organizadores de la marcha del 6 de junio han emitido un comunicado que nos permitimos reproducir para nuestros lectores.

POR LOS DESAPARECIDOS
POR LOS DESPLAZADOS
POR LOS MASACRADOS
POR LOS EJECUTADOS

En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al menos a 15.000 compatriotas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde 2002, después de su “desmovilización”, han asesinado 600 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como “positivos”. Tan solo en enero de 2008, los paramilitares cometieron dos masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecuciones extrajudiciales.

En Colombia, agentes del Estado y paramilitares violan los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Aguilas Negras. Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos.

Usted marchó el 4 de febrero. ¿Acompañará el 6 de marzo a las víctimas de los paramilitares, los parapolíticos y los agentes del Estado?

Nunca más fosas comunes. Nunca más desplazamientos forzados. Nunca más paramilitares. Nunca más parapolíticos. Nunca más crímenes de Estado.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Convoca:

6 DE MARZO DE 2008

Homenaje nacional a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado.

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Posted in: Mundo