Acabar con el monopolio electoral
Sábado 23 de febrero de 2008. Núm. 1308
De muchas maneras, a américa latina nunca le había ido tan bien. el crecimiento económico durante los últimos cuatro años ha sido el más alto desde la década de 1970. La clase media finalmente está creciendo. La pobreza está bajando, aunque insuficientemente. Incluso la desigualdad, el azote perenne de la región, decrece lentamente. Aún más, la democracia representativa cobra fuerza y se sostiene. Y tal vez lo más importante, con excepción de Cuba, el respeto a los derechos humanos se extiende y arraiga. Pero quedan dos retos, y tal vez están empeorando. El primero es la serie interminable de conflictos dentro y entre virtualmente cada país de la región: Chile y Perú; Chile y Bolivia; Venezuela y Colombia; Ecuador y Colombia; Colombia y Nicaragua, todos están presos en el rencor y el desacuerdo. Al mismo tiempo, una polarización persistente de las visiones políticas azota a México, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y muchas otras naciones. El segundo reto es la concentración, inmensa y ancestral, del poder en las Américas, los monopolios públicos y privados en las empresas, el movimiento laboral, los medios de comunicación, la arena electoral, en casi todas partes, en todos los países.
En ambos aspectos, un acto modesto pero simbólicamente significativo es una demanda legal que interpuse contra el gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica. La audiencia pública se celebró la semana pasada en San José, y los abogados del demandante repitieron en la Corte los argumentos que han hecho desde 2004, cuando traté de postularme a la presidencia de México como candidato independiente. Como en muchos otros países latinoamericanos, incluido Brasil, las leyes electorales de México prohíben las candidaturas independientes, hacen prácticamente imposible la creación de nuevos partidos y niegan el acceso a la justicia o al proceso adecuado a los ciudadanos a quienes se les niegan sus derechos políticos y electorales.
En mi demanda, declaré que esas prohibiciones violan muchas convenciones internacionales, y principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en Costa Rica en la década de 1960. En respuesta, el gobierno mexicano argumentó que toda nación tiene el derecho de establecer sus propias leyes electorales. Aun más, el gobierno argumentó que aun cuando los ciudadanos no tienen la misma personalidad jurídica ante las cortes del país que los partidos políticos, sí tienen una personalidad, y eso es bastante bueno.
La audiencia fue una de las más seguidas en la historia de la Corte, y el debate sobre el estado de derecho, los derechos humanos, la democracia y la ley internacional quizá no tuvo precedentes en cuanto a sustancia y alcance. Se espera que la Corte dicte su fallo a mediados de este año, y tres problemas clave están en juego. Primero, si los derechos políticos —y específicamente los electorales— son derechos humanos básicos que deberían recibir el mismo respeto y protección que los mejor conocidos como la libertad de expresión. Tradicionalmente, las cortes latinoamericanas han dicho que no lo son. En México, la Suprema Corte todavía se niega a abordar el problema de los derechos políticos. Si la CIDH dictamina que estos derechos electorales son tan importantes, y tan “humanos”, como los otros, se habrá dado un paso gigante hacia la aceptación en la región de los estándares internacionales en estos aspectos, pese a sus tradiciones anacrónicas.
El segundo problema involucra la política de la desconfianza. Todos en América Latina, desde el Banco Mundial hasta la extrema izquierda, concuerdan en que el obstáculo principal para un crecimiento sostenido y más alto está en la naturaleza dominante de las estructuras monopólicas. Las telecomunicaciones, la banca, las tiendas al menudeo y una miríada de otras industrias son dominadas por una o dos firmas en casi toda nación del hemisferio. Igual pasa con los medios de comunicación y la arena electoral. Los mismos partidos han dominado la expresión electoral en Latinoamérica desde tiempos inmemoriales. La ausencia de una competencia en este terreno es tan perniciosa como en cualquier otro. Un fallo favorable para el demandante daría un mensaje claro: si las cortes nacionales y las agencias reguladoras no están dispuestas o son incapaces de acabar o debilitar a los monopolios, las instituciones internacionales sí están dispuestas.
Finalmente, el caso sienta un precedente enormemente emblemático para Latinoamérica. El gobierno mexicano nunca antes fue llevado a la Corte (en un caso previo, la CIDH se declaró incompetente). Así que, por primera vez, el país más obsesionado con la soberanía en la región, la nación que más se opone a la intervención, se verá obligada a someter algunos de sus asuntos más sensibles a la jurisdicción externa. Para naciones como Costa Rica, Uruguay, Chile y tal vez algunas otras, esto no es gran cosa. Cada una de esas naciones ha demostrado un compromiso de hace tiempo con un fuerte orden internacional. Pero para México —y para el nacionalista Brasil— sí lo es. El hecho de que el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo aceptara la naturaleza vinculante de los fallos de la Corte en 1998, que el ex presidente Vicente Fox visitara la Corte en 2002 y prometiera su apoyo y respeto a sus fallos, y que la administración del presidente actual, Felipe Calderón, decidiera defender su causa formalmente, en vez de rechazar la jurisdicción, muestra cuán lejos ha llegado México, y Latinoamérica. Aún queda mucho por hacer, pero la región está mucho más cerca de donde debería estar que nunca antes. Esto es algo más que bueno.Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de México y profesor distinguido global en la Universidad de Nueva York.
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